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El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recordado que el texto ya inició su tramitación parlamentaria la pasada legislatura, pero decayó por la disolución de las Cortes Generales. El Ejecutivo -ha añadido- ha retomado el proyecto lo antes posible por la importancia que concede a este asunto.
El titular de Agricultura ha apuntado que, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se desperdician a escala global un 30% de los alimentos que se producen. En el caso de los hogares españoles, el desperdicio fue en el año 2022 de 1.170 millones de kilos o litros, unos 65,5 kilos o litros por adulto al año. El desperdicio alimentario se ha reducido respecto a los datos anteriores a la pandemia, y este proyecto de ley pretende seguir avanzando en esa dirección, según ha manifestado Planas.
La columna vertebral de la norma es la jerarquía de uso: la prioridad absoluta será el consumo humano de los alimentos; si no es posible, se destinarán a la alimentación animal o a fines energéticos.
La ley incluye la obligación, por parte del sector productor o el de la distribución, de donar los excedentes de alimentos que estén en condiciones de consumo. Planas, que ha elogiado las buenas prácticas de la distribución alimentaria en esta materia, ha detallado que las tiendas de alimentación de más de 1.300 metros cuadrados tendrán que contar con acuerdos con bancos de alimentos u organizaciones no gubernamentales para donar los alimentos que todavía puedan ser aprovechados.
Además, los establecimientos del sector de la restauración deberán ofrecer al cliente la posibilidad de llevarse en envases la comida o la bebida que no haya consumido.
El proyecto de ley contempla, en segundo lugar, la transformación de algunos alimentos en otros productos como cremas o mermeladas. Si ya no son aptos para el consumo humano, se emplearán -en este orden- para la alimentación animal, subproductos en otra industria o la obtención de compost o biocombustibles.
Pedagogía contra el desperdicio
Luis Planas ha destacado que la norma establece derechos y obligaciones, «pero sobre todo es una ley pedagógica que trata de informar y prevenir ese desperdicio alimentario», en la línea de las campañas que su departamento desarrolla desde el año 2018.
El ministro ha remarcado, igualmente, que el proyecto de ley aborda otros aspectos muy significativos, como el consumo de productos considerados poco estéticos, los de proximidad y los de temporada, la agricultura ecológica y las obligaciones de las administraciones en materia de contratación pública.
Planas ha expresado el deseo del Ejecutivo de «suscitar el mayor apoyo parlamentario posible» en la tramitación que ahora inicia la norma.
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