Los eurodiputados del PE debatieron la posibilidad de modificar la normativa que regula las fechas de caducidad de algunos alimentos, para alargar su vida útil y evitar que cada año se despilfarren en la UE cerca de 89 millones de t de productos.
La comisión de Medio Ambiente del PE examinó ideas para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria, a partir de un informe presentado por la diputada danesa de los Conservadores y Reformistas Europeos, Anna Rosbach.
Entre las posibilidades que más se citaron se encuentra la de modificar las normas sobre caducidad, basadas en estrictos requisitos de calidad que obligan a desechar toneladas de alimentos que todavía son aptos para el consumo.
Muchos de los intervinientes abogaron por recuperar esos productos para su reparto entre la población necesitada o la producción de biomasa.
Crista Klass, del Partido Popular Europeo, defendió añadir en los alimentos que lo permitan una referencia que explique que no es peligroso consumirlos más allá de la fecha o facilitar al consumidor la posibilidad de devolverlos para un posterior uso.
Por su parte, el también diputado del PPE Horst Schenellhardt afirmó «no ver clara» la idea de consumir los alimentos después de la fecha de caducidad, una referencia basada en estrictos criterios sanitarios que fueron muy discutidos en su momento en la UE.
Matthias Groote, de los Socialistas y Demócratas, alertó de que no se puede seguir con un sistema que permite que solo en Alemania se deseche cada día 250 kilos de comida en buen estado, cuando hay gente que muere de hambre en otros lugares.
Por su parte, el italiano Oreste Rossi, diputado del Partido de la Libertad y la Democracia, calificó de «delito» que en algunas cadenas de comida rápida se permita que todos los productos que no se consuman a los 10 minutos de su producción hayan de ser eliminados.
Al término del debate, la representante de la Comisión Europea indicó que «probablemente haya un margen de maniobra» para modificar la normativa que regula la caducidad de los alimentos, aunque opinó que al final la decisión dependerá de «si se quiere más o menos seguridad».
Uno de los principales retos, consideró, sería repartir entre los necesitados los alimentos sobrantes y que son eliminados para evitar gastos ligados a su distribución.
«Estamos todos de acuerdo sobre objetivos pero vamos a ver la mejor forma de conseguirlos», señaló.
En la Unión Europea viven 79 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza, y 16 millones de ellas reciben ayudas de organismos de beneficiencia.
Estas personas podrían beneficiarse de una mejor distribución del excedente de alimentos que acaba en vertederos o en incineradoras.
El informe debatido hoy se votará, con las enmiendas que se añadan, en la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara el 22 noviembre y un día más tarde en la de Agricultura.
